La crisis ya había sido advertida desde hace por lo menos cuatro meses. En dos alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo a finales de 2018 quedó consignado el riesgo que corría la población civil de los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador (Córdoba), por la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el enfrentamiento con estructuras armadas compuestas por disidencias de las Farc, que se autodenominaron Nuevo frente 18 -Román Ruiz- Cacique Coyará de las Farc. Por eso el desplazamiento masivo que desde hace una semana se registra en las veredas Santa Rosa, La Flecha, Rogero, Río Sucio, Santa Bárbara y Soledad, del corregimiento Juan José -zona rural de Puerto Libertador- y que obligó a más de 500 familias -alrededor de 1.700 personas- a huir de sus viviendas, era para muchos una tragedia anunciada.
El escenario comenzó a configurarse como consecuencia de la dejación de armas de las Farc que históricamente tuvo control territorial a través de los frentes 5, 18 y 58 en los municipios de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador.
El nuevo ciclo de enfrentamientos entre las AGC y las disidencia de las Farc se estaría dando en la disputa por los corredores de movilidad entre las cuencas de los ríos Esmeralda y Tigre, en Tierralta, y San Jorge en Puerto Libertador. De acuerdo con la Defensoría, es claro que para los excombatientes de las Farc “la recuperación de sus antiguos territorios de movilidad tiene un especial interés en el actual proceso de reconfiguración y fortalecimiento, lo cual le imprime una lógica de territorialidad excluyente que afecta los derechos de la población asentada allí”.
En el caso puntual de las AGC, su accionar ha representado una afectación más directa contra la población civil por los ejercicios de control territorial. De hecho, en comunidades indígenas como la embera-katío del Alto Sinú hay denuncias de que permanecen en los resguardos. “La convivencia forzada con miembros de las AGC en sus casas de habitación expone a las familias indígenas a las operaciones de registro y control que lleva a cabo la Fuerza Pública en el territorio, a ser sindicados de pertenencia a dichas estructuras armadas y conllevando retenciones de indígenas sin orden judicial”, asegura la Defensoría.
El ya complejo mapa de actores armados en la región lo completan los denominados Caparrapos, un grupo disidente de las Autodefensas Gaitanistas que tiene su mayor punto de concentración en Antioquia y que ha comenzado a extender su poder a otros departamentos cercanos. Con un componente adicional: según fuentes en terreno, los Caparrapos estarían incluso uniendo fuerzas con los grupos de disidencia de las Farc para sacar del territorio a las Autodefensas Gaitanistas.
Y aunque la recomposición de fuerzas se viene cocinando desde finales de 2018, los combates se recrudecieron solo desde enero de este año, a tal punto que todos los días se registran enfrentamientos en la zona.
“Antes de diciembre de 2018 los Caparrapos estaban concentrados solo sobre La Caucana, es decir, la parte de Antioquia que limita con San José de Uré. Solo había presencia de ellos ahí. Y en la otra zona del sur de Córdoba, lo que era Montelíbano, Puerto Libertador y lo que es Tierralta solo había presencia de los Gaitanistas. Solo estaban ellos en ese territorio”, explica Arnobis Zapata, coordinador de la Asociación de Campesinos del sur de Córdoba.
La ofensiva de los Caparrapos tuvo resultados y en medio de los combates y el pulso por el poder lograron quitarles terreno a los Gaitanistas en San José de Uré, con la perspectiva de lograr conquistar otras zonas del sur del departamento que son protegidas a sangre y fuego por las AGC: “La disputa de ellos por el control del territorio inicia en el Bajo Cauca y se han ido corriendo y ya llegan a Puerto Libertador, quedándose las AGC con los corregimientos y municipios de las partes bajas y en las partes altas de las veredas hacen presencia lo que es disidencias de las Farc y los Caparrapos. Los Gaitanistas no quieren perder la zona rural e intentan recuperarla. Ahí es donde se generan los combates”.
Las comunidades, entretanto, reclaman una presencia estatal más allá de lo militar. Aunque también tenían expectativa porque desde diciembre del año pasado se anunció la activación de la Fuerza de Tarea Aquiles con el propósito de combatir la criminalidad en el Bajo Cauca, aunque en la práctica no hay presencia contundente de la Fuerza Pública en las zonas más críticas de la región: “El Gobierno está haciéndose el ciego frente a esa situación y permite que se den los combates”, aseguran los pobladores.
Tomado de EL TIEMPO
