Ataques sicariales han aumentado en un 1.473 %, informó la ONU. La guerra entre grupos, la razón.
Los hechos más recientes ocurrieron el fin de semana pasado y dejan como víctimas a dos hermanos de 24 y 20 años de edad. Se trata de Samuel y Abel Ortega Díaz, cuyos cuerpos fueron encontrados baleados a un costado de la carretera que desde el casco urbano de San José de Uré conduce al corregimiento Versalles.
La cifra de homicidios escandaliza a organismos defensores de derechos humanos, ong y comunidad en general. Tan solo este año han asesinado a 62 personas, una cifra que llevó al gobierno a crear grupos especiales de la fuerza pública que contrarresten el accionar de quienes cometen los hechos de sangre.
En ese municipio enclavado en las estribaciones del Nudo del Paramillo en el sur de Córdoba, se presentan todo tipo de acciones irregulares sin que las autoridades logren frenar de tajo el avance de los delincuentes, pese a la presión que ejercen Policía y Ejército.
En febrero pasado un grupo de hombres armados, supuestamente integrantes del Bloque Virgilio Peralta Arenas de los Caparrapos, se paseó por las calles del pueblo en horas de la noche. Vestidos con prendas militares, portando fusiles y el rostro cubierto ordenaron a la gente a refugiarse en las casas, mientras pintaban las paredes con la sigla Bvpa.
El hecho quedó registrado en videos y fotografías que testigos ocultos lograron captar y publicar en redes sociales.
Días después, el representante a la Cámara por Córdoba Andrés Calle denunció el hecho ante las autoridades, lo que le valió una amenaza de muerte del supuesto grupo ilegal. También fueron amenazados, en esa oportunidad, dos periodistas de la región.
En esa misma localidad fueron amenazados recientemente algunos jueces y fiscalesque prestan sus servicios en la zona, tras realizar judicializaciones en contra de presuntos integrantes del Clan del Golfo y Caparrapos.
Además del municipio de San José de Uré, en la subregión de San Jorge, conformada por los municipios de Puerto Libertador, Ayapel, Planeta Rica, La Apartada y Montelíbano, la Defensoría del Pueblo destaca un incremento, especialmente en los dos últimos municipios, donde los homicidios crecieron 500 %; y 150 % respectivamente.
El reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley, el narcotráfico y la pobreza son algunos de los factores que tienen en vilo a esa subregión, especialmente al municipio de San José de Uré, de acuerdo con la tesis de quienes hacen seguimiento al problema de violencia en la zona.
Esta situación ya fue denunciada por la fundación no gubernamental Cordobexia, señalando que en lo que va de este año se han conocido 50 casos de jóvenes que han sido arrastrados para conformar las filas de la delincuencia, algunos en contra de su voluntad.
Desde finales del 2018, la Defensoría del Pueblo ha emitido 14 alertas tempranasllamando la atención de la Fuerza Pública, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Gobernación de Córdoba frente a la situación de violencia que se viene presentando.
Carlos Alfonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo, aseguró que tan solo en San José de Uré se han desplazado 243 familias en los últimos meses por causa del accionar de los grupos armados ilegales que se disputan la minería ilegal y el control de los cultivos ilícitos de la hoja de coca en la región.
Negret Mosquera expresó su preocupación porque dicha situación había sido advertida por la entidad mediante las alertas tempranas 071 y 023. Además de las medidas de seguridad para la población, el Defensor del Pueblo recomendó mucha más inversión social e inversión en materia infraestructura estatal.
El pasado 15 de marzo se realizó en Montelíbano el Consejo Territorial de Paz, en el que estuvo presente la ministra de Interior Nancy Patricia Gutiérrez, junto con la gobernadora de Córdoba Sandra Devia Ruiz y los alcaldes de los diferentes municipios de la subregión del San Jorge.
El objetivo de dicho escenario fue escuchar a los líderes sociales y defensores de derechos humanos para plantear soluciones estratégicas encaminadas a garantizar la seguridad, especialmente en los municipios que conforman el sur de Córdoba, donde la prioridad fue San José de Uré.
«Los líderes sociales no están solos, hoy les cumplimos para reiterar que la seguridad e inversión social son la forma integral de intervención y la línea de acción del Gobierno del Presidente Duque” aseguró Gutiérrez.
Sin embargo, el alcalde de Montelíbano, ante la preocupante cifra de criminalidad, que afecta especialmente a la juventud, reclamó mayor atención del gobierno y las familias.
«La institucionalidad está en vía de extinción. Hoy no se tiene el carácter para ser padre y para saber qué tipo de padre se puede ser, (…) cuando la educación falla en el hogar, cuando la educación falla en el colegio, cuando en el conjunto falla, entonces se tienen los resultados que hoy estamos teniendo», afirmó el alcalde de Montelíbano, Francisco Alean.
El mandatario local hizo referencia a los índices de mortalidad que azotan a la región. «De qué nos sirve a nosotros tener una tasa amplia de nacidos vivos, si al fin y al cabo estos jóvenes no van a llegar a la etapa de edad adulta, porque la guerra nos los va a quitar. Hoy tenemos una estadística y es que la mayoría de los jóvenes que se pierden en la guerra están entre 17 y 25 años”, concluyó.
Comercio afectado
En muchos de los casos, los delincuentes cometen acciones en contra del comercio organizado de los municipios afectados. Por lo general este gremio es bombardeado por llamadas extorsivas. Las autoridades se abstienen de revelar cifras sobre este flagelo, aunque recientemente fue necesaria la conformación del Comando Contra la Extorsión en el sur de Córdoba.
Muchos comerciantes consultados, que se abstienen a revelar su identidad por temor a represalias, aseguran que prefieren no hacer publicidad sobre sus negocios para evitar llamar la atención de la delincuencia que de inmediato comienza a exigir el pago de vacunas.
En Córdoba se han realizado varios consejos de seguridad que han contado incluso con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, en los que se ha incrementado el pie de fuerza e incluso se puso en marcha la operación Aquiles para recuperar el control del orden público y sin embargo, la delincuencia parece desbordada en el sur del departamento.
Tomado de EL TIEMPO.COM
