El exgobernador de Córdoba, que fue la pieza clave para que esta semana el fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, fuera detenido por un presunto soborno, tiene varias investigaciones pendientes con la justicia colombiana.
El titular de la noticia judicial de la semana pasada parecía sacado de un portal de noticias satíricas: “Capturan al director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción”. El funcionario en cuestión, Luis Gustavo Moreno, fue detenido por las autoridades luego de que miembros de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) señalaran que el fiscal habría solicitado una suma de dinero al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, con el fin de desviar las investigaciones que se adelantan en su contra por actos de corrupción en el departamento.
La noticia de la captura del fiscal, que se llevó la atención de todos los medios de comunicación, se desarrolló alrededor de todo el operativo que las autoridades estadounidenses realizaron para capturar al exmandatario regional y que tuvo como coprotagonista al propio Alejandro Lyons. Asesorado por la DEA, el exmandatario aceptó darle a Moreno un adelanto de US$10.000 a cambio de que éste “inundara a sus fiscales con trabajo para que no fueran capaces de centrarse en las pesquisas contra Lyons”, aseguraron las autoridades estadounidenses. Al tener varias cuentas pendientes con la justicia colombiana, el exgobernador habría quedado en una mejor situación jurídica al entregar la cabeza del jefe anticorrupción de la Fiscalía colombiana a ese gobierno norteamericano.
Lyons, quien reside desde abril de este año en Miami (Florida), es investigado por la Fiscalía por 20 delitos. Según el ente investigador, durante su gestión como gobernador de Córdoba (2012-2015), él fue pieza clave en el despilfarro de las regalías de ese departamento. Los delitos por los que se investiga al exmandatario son concierto para delinquir, seis casos de interés indebido en celebración de contratos, seis delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, cinco peculados por apropiación y falsedad en documento público y privado. Según las investigaciones, los delitos cometidos por Lyons le habrían costado no menos de $10.000 millones al erario.
Los seis millonarios contratos que tienen emproblemado con la justicia al exmandatario cordobés se ejecutaron con el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, que el propio Lyons habría autorizado como gobernador. En su momento la Fiscalía señaló que el Departamento Nacional de Planeación pidió que se priorizaran los proyectos de investigación e implementación de ciencia y tecnología con los recursos de dichas transferencias en Córdoba. Sin embargo, en su momento señaló el ente investigador, los objetivos de los convenios nunca se cumplieron y fueron utilizados para actividades muy diferentes a las que eran destinadas.
Cuando Néstor Humberto Martínez llegó a la Fiscalía General, en agosto pasado, aseguró que su principal meta al frente del ente investigador era combatir la corrupción y por eso creó el plan Bolsillos de Cristal, que, según el mismo Martínez, era uno de los delitos que se estaba carcomiento al país. En enero de este año la Fiscalía comenzó una jornada anticorrupción en Córdoba y terminó en mayo pasado con la captura de 54 personas, y asimismo terminó implicado penalmente el propio exgobernador Lyons. De acuerdo con el ente investigador, los sectores, especialmente de la salud y educación, habrían sido desfalcados por funcionarios locales y regionales.
Una de las mayores irregularidades durante la gobernación de Lyons es el denominado cartel de la hemofilia. A través de un listado con más de 100 falsos pacientes, presuntamente se habría desfalcado el presupuesto del sector de la salud. Los cálculos de la Fiscalía señalan que se habrían perdido al menos $44 mil millones. Por estos hechos seis presuntos implicados se encuentran detenidos, entre exsecretarios de Salud y exfuncionarios de esa dependencia y representantes de varias IPS. Hasta ahora Lyons no ha sido llamado a responder por este caso.
La Fiscalía abrió la investigación penal contra el exgobernador tras conocerse un documento de la Contraloría General, en el que se advertían problemas en la celebración y el cumplimiento de los contratos firmados por Lyons. También la Contraloría encontró problemas en la interventoría, financiamiento y sostenibilidad de los proyectos aprobados. El ente contralor advirtió que se presentaban irregularidades que dejaban ver un posible desfalco al departamento. Hace dos semanas la Contraloría le abrió otro proceso fiscal al exmandatario por las supuestas irregularidades en los pagos efectuados por la Gobernación de ese departamento en tratamientos y terapias de neurodesarrollo en favor de diferentes Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) de la región.
Estados Unidos, ¿un aliado de Lyons?
A comienzos de junio pasado la Fiscalía intentó por tercera vez -sin éxito- imputarle cargos al exgobernador de Córdoba. El abogado de Lyons manifestó que se encontraba en Estados Unidos atendiendo un tema de su esposa, aclarando que cuando se superara esta situación se presentará ante las autoridades judiciales para atender el proceso. Debido a esta situación, los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría General manifestaron que era imposible adelantar la audiencia de imputación de cargos. Ahora, tras colaborar con las autoridades estadounidenses, el regreso de Lyons para que responda a la justicia colombiana podría estar embolatándose. La vicefiscal María Paulina Riveros confirmó que la Fiscalía estaría interesada en negociar con él.
Así las cosas, Lyons se sumaría a la lista de colombianos que se encuentran en el extranjero con cuentas pendientes con la justicia colombiana y que encontraron en Estados Unidos refugio. Por ejemplo, el coronel (r) del Ejército Hernán Orozco Castro, condenado a 38 años de prisión por la masacre de Mapiripán de 1997, logró salir del país en 2002, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos accediera a una petición del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para que abandonara el país por motivos de seguridad.
Lo último que se conoció del uniformado es que trabajaba como guardia de seguridad en un lujoso condominio de Miami. Según los registros migratorios de Colombia, en enero de 2012 Luis Carlos Restrepo salió del país con rumbo desconocido y desde entonces no ha vuelto. El alto comisionado de Paz del gobierno de Álvaro Uribe, quien lideró el proceso de desarme de 32.000 paramilitares, se dio a la fuga cuando se formalizó el proceso en su contra por lo que habría sido la falsa desmovilización en 2006 del frente Cacica Gaitana, en Alvarado (Tolima).
El exministro de Agricultura de Álvaro Uribe Vélez, Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, salió del país en junio de 2014 y ahora enfrenta un pedido de extradición de Colombia. Por otra parte, el exasesor espiritual de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, Luis Alfonso Hoyos, también terminó en Estados Unidos cuando se enteró de que la Fiscalía lo iba acusar por su presunta participación y conocimiento en las actividades que adelantó el hacker Andrés Sepúlveda en la campaña presidencial del candidato del Centro Democrático en el año 2014. Hoyos ya fue llamado a juicio, aunque él reclama su inocencia.
Tomado de El Espectador
