Las directivas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación ,Fecode), afirmaron que no accederán a un retorno a clases presenciales aduciendo falta de condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas del país.
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“No podemos aceptar la posibilidad de un retorno inseguro en cualquier tipo de presencialidad. Nuestra premisa es proteger la vida y garantizar el derecho a la educación en condiciones dignas de sus hijos e hijas”, afirmó la Federación en un comunicado.
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Según los educadores, el Gobierno Nacional ha hecho una baja inversión para adecuar las instituciones educativas para el regreso en alternancia de al menos ocho millones de niños matriculados en el sistema de educación pública del país.
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“A la fecha solo ha destinado sesenta y cuatro mil millones de pesos de los cuatrocientos mil millones prometidos para 53 mil sedes urbanas y rurales del país, para atender ocho millones de niños matriculados en el sector público, 12 millones de padres de familia y 320.000 maestros y maestras, y más de 30.000 compañeros administrativos, cifra que a todas luces es reducida frente a las necesidades y los retos de la pandemia”, se lee en la misiva.
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Afirman que Fecode le propuso al Congreso y al gobierno adicionar $650.000 millones para garantizar las inversiones en bioseguridad, pero la iniciativa no fue escuchada.
En ese sentido, el magisterio le exigió al Gobierno Nacional que se garanticen las condiciones de bioseguridad verificables para adelantar el regreso gradual y seguro a clases y que la disminución significativa en el número de contagios sea un imperativo para tal retorno a las aulas.
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Además, Fecode se sumó nuevamente al pedido de una renta básica que permita a las familias cumplir con el confinamiento de forma digna e invitó a la ciudadanía a sumarse para exigir un incremento real en los recursos para la salud, la educación, el agua potable y el saneamiento básico en el país.
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“Esto garantizaría no solo el cierre de las brechas permanentemente referenciadas por la Federación, sino también, los recursos necesarios para la sanidad y bioseguridad que demanda la pandemia causada por la COVID-19”, añaden.
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La agremiación exigió también una inversión importante en dispositivos tecnológicos y en la conectividad para garantizar la educación como un derecho gratuito y universal.
Por último, hicieron un llamado a los padres de familia a analizar las condiciones de las instituciones educativas antes de firmar el consentimiento para el regreso de sus hijos a las aulas, teniendo en cuenta la falta de garantías y condiciones para tal regreso.
