Musa Besaile no fue una figura visible en el Congreso, pero se movió entre el Capitolio con tal destreza que se mantuvo allí por tres lustros con la votación más alta de la costa.
Pocos colombianos saben hoy que este importante cacique electoral ha tenido 20 indagaciones en la Corte Suprema, 15 de las cuales han sido archivadas. Ese pasado judicial cobra hoy una gran relevancia ahora que se empieza a conocer el escándalo de la corrupción en la cúpula de la Justicia, cuando Besaile ya es conocido por haber pagado 2.000 millones de pesos al abogado Gustavo Moreno, quien supuestamente actuaba en representación del expresidente de la corte Leonidas Bustos para frenar una orden de captura que venía en su contra.
Aunque la estrategia del senador del Partido de la U era que el alto tribunal lo considerara víctima de extorsión, terminó por aceptar un delito y con ello aceleró la decisión de desempolvar todos sus procesos. Asumió la investigación el despacho del magistrado Luis Antonio Hernández, que esta semana ordenó recibir el testimonio del exmagistrado José Reyes Rodríguez Casas, quien llevó el caso por años y en su interrogatorio –rendido desde Guatemala– soltó un misil que tendrá impacto directo contra Besaile y su magistrado ponente, Gustavo Enrique Malo.
El caso de Besaile se origina en las grabaciones que hizo la DEA del abogado Leonardo Pinilla y el exgobernador Alejandro Lyons, que pondrán a Bustos y a los también exmagistrados Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino a rendir explicaciones. El efecto en cadena incluye a los congresistas Hernán Andrade, Luis Alfredo Ramos y Zulema Jattin, para cuyos casos la Corte acaba de ordenar una vigilancia especial que abarca revisar expedientes activos y archivados.
Besaile y la parapolítica
El entonces magistrado auxiliar Rodríguez Casas, tras estudiar los procesos de la parapolítica durante varios años e indagar a decenas de paras, se inclinaba por concluir que entre el senador Besaile y éstos había serios nexos. La corte le seguía una investigación preliminar por esta causa a partir de declaraciones de Salvatore Mancuso en las que admitía tener alianzas con los dos bandos principales de la política en Córdoba, uno de ellos liderado por la casa López Cabrales en la que militaba Musa Besaile. Pero la tesis del magistrado auxiliar resultó incómoda.
El misil que soltó el ahora exmagistrado auxiliar Rodríguez Casas desde Guatemala consiste en que afirmó que “Gustavo Enrique Malo sabía que en el caso de Musa Besaile era inminente la apertura de una investigación formal”. Esto no habría ocurrido porque, en junio de 2015, Malo le pidió estratégicamente la renuncia a todo su despacho, y solo terminó por aceptar la de Rodríguez Casas el 31 de julio. Esta jugada llevó a que el caso frenara en seco y quedara en manos de Javier Hurtado, otro magistrado auxiliar de poca experiencia y de la entera confianza de Malo. Con el episodio terminó la carrera de Rodríguez en la corte. Había sido un investigador destacado en el grupo que indagaba los nexos de políticos con paras. A su salida se unió en Guatemala a la Comisión de la Onu que dirige en ese país Iván Velásquez, quien fue considerado el magistrado estrella de la parapolítica.
Rodríguez asegura que antes de irse le manifestó a su titular su preocupación porque los hechos que la Corte investigaba contra Besaile estaban a un par de años de prescribir. Esto teniendo en cuenta que la investigación proviene de las elecciones de 1998, cuando Besaile fue el segundo renglón de Miguel Antonio de la Espriella en la Cámara. La observación cobra vigencia ahora, pues como lo ha manifestado Julián Quintana, abogado del senador Besaile, al proceso le quedan escasos dos meses de vida para caducar. El congresista asegura que está dispuesto a renunciar a la prescripción, una fórmula con pocos antecedentes en el ordenamiento legal colombiano.
Aunque Rodríguez aclaró que no alcanzó a proyectar una orden de aprehensión contra Besaile, la Sala Penal de la corte analizará los detalles de su declaración por dos razones. De un lado, porque reconoce que el pago que Besaile admite haber desembolsado tuvo el efecto de frenar la investigación que llevaba el despacho de Gustavo Malo. Y de otro, porque la declaración podría dar lugar a un escenario inédito: que sus propios compañeros de sala terminen por compulsar copias para que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes investigue a un colega activo. En consecuencia, las dudas y la presión llevarían a que los procesos que cursan en la oficina del magistrado Malo sean trasladados a otros despachos.
¿Expedientes engavetados?
En un concurrido restaurante, ubicado entre el Congreso y el Palacio de Justicia, pleno centro de Bogotá, un empleado de la Corte Suprema de Justicia presenció en 2014 una escena reveladora. En el Corral Gourmet almorzaban los senadores Musa Besaile y Bernardo Elías con el magistrado auxiliar Camilo Ruiz.
Este último fue para Gustavo Enrique Malo, más que un magistrado auxiliar, un confidente y coequipero hasta para almorzar durante varios años. Ruiz comenzó a trabajar en la corte en el despacho de Francisco Ricaurte, y luego saltó al lugar donde terminaron concentrados los casos más importantes de la parapolítica de la costa.
Por eso, la reunión en el concurrido restaurante con dos de los congresistas más investigados del país se regó por los pasillos de la Sala Penal, a tal punto que la misma corte ya cuenta con pistas de este encuentro.
La cita se produjo meses después de que en el despacho de Camilo Ruiz se proyectó un auto inhibitorio a favor de Musa Besaile sobre una indagación preliminar por homicidio. La víctima fue Luis Eduardo Urán Lara, un exparamilitar que en sus años de guerra estuvo al servicio del sanguinario Rodrigo Mercado Pelufo, alias Cadena. Urán Lara se desmovilizó individualmente en 2007 ante el Ministerio de Defensa y pasó a ser muy pronto un testigo protegido de la Fiscalía. Sus declaraciones hicieron parte de los expedientes contra los congresistas Reginaldo Montes y Juan Manuel López Cabrales. Pero además declaró que Musa Besaile era aliado de los paramilitares y promotor de la banda criminal Águilas Negras. El testigo terminó asesinado y su declaración llevó a la corte a abrir una nueva investigación preliminar contra el senador Besaile. Pero no tuvo mayor desarrollo, pues el magistrado auxiliar Ruiz consideró que no había indicios para avanzar. El caso fue archivado en 2013.
Sorpresivamente Ruiz salió de la Corte Suprema el 8 de mayo. Sin mayores explicaciones, el magistrado auxiliar de Malo dejó la corte, aunque detrás de su salida tuvo lugar un incidente que la misma Corte Suprema está indagando e involucra una cuantiosa suma de dinero hallada en el aeropuerto de Montería. Ruiz salió en el mes de mayo rumbo a Aruba y regresó a Colombia, donde se encuentra actualmente.
Ahora el nombre del magistrado Malo se suma a los de Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos como los principales señalados de articular un carrusel de cargos en la Rama Judicial, y de llevar a la postración a la Corte Suprema de Justicia en el más lamentable de sus momentos.
Otro magistrado en cuestión
Tras una carrera discreta en la Rama Judicial y luego de ser magistrado auxiliar de Francisco Ricaurte en la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Enrique Malo logró llegar a la Sala Penal de este tribunal en 2012.
El jurista estudió en la Universidad de Cartagena, está casado con Estela Matilde Morales Benítez, con quien tiene en la actualidad cuatro propiedades. Se trata de un apartamento de 205 metros cuadrados en Bogotá, adquirido al excónsul en Polonia Mario Clopatofsky Ghisays por 587 millones; una propiedad en el barrio Manga de Cartagena, de 145 metros cuadrados; y un lote denominado Grano de Oro, de 75 hectáreas en el corregimiento de Pontezuela, en Cartagena.
En sus transacciones de bienes aparece un apartamento de 600 millones de pesos, con área construida de 116 metros cuadrados que vendió en 2015 por 563 millones de pesos, 30 millones por debajo de lo que lo compró en 2013, al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura Pedro Sanabria y a su esposa. Malo también vendió por 120 millones un apartamento en Cartagena en 2009.
