A menos de que surja alguna salida jurídica de última hora y en medio del ‘no’ rotundo del Ministerio de Transporte -ratificado ayer- a expedir decretos, resoluciones o alguna medida para una empresa en particular, y de una fuerte campaña de Uber por redes y otros canales advirtiendo por el impacto económico en sus socios conductores por el cierre de operaciones, hoy esta plataforma de movilidad apaga sus servicios, en cumplimiento de un fallo de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como juez en un proceso entre privados.
A raíz de la apelación que Uber radicó ante el Tribunal Superior de Bogotá (segunda instancia tras la decisión de la SIC) se conoció que los operadores de telefonía móvil enviaron después de un requerimiento de la SIC, una carta en la cual explicaban si tenían la capacidad técnica para bloquear el servicio de Uber desde sus redes y negaron poder hacerlo.
Pero en esta corporación no se han convocado audiencias públicas para que las partes presenten sus alegatos, un proceso que, según conocedores del tema, podría tardar al menos un año.
