Ante el despacho de los 9 magistrados de la Corte Constitucional se entregó en la noche de este lunes la ponencia para estudio de la denominada ley de paz total, con la que el Gobierno de Gustavo Petro sentó las bases jurídicas de una de sus principales apuestas. Pero, de acuerdo con fuentes del alto tribunal, el documento es diametralmente opuesto a los intereses del Ejecutivo y lo que pide es que se tumbe.
En efecto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez aseguró en su análisis jurídico que esa norma tuvo vicios de trámite, entre ellos el de no haber contado con el concepto previo que se le debe pedir al Consejo de Política Criminal.
La norma que con esta ponencia quedó tambaleando es la 2272 de 2022, con la cual Petro –al comienzo de su administración y cuando aún contaba con el respaldo de una coalición política– le hizo una cirugía a la ley de orden público para facilitar escenarios de diálogo con grupos ilegales como el Clan del Golfo o las narcobandas que operan en el Valle de Aburrá y con las cuales ya hay una mesa en proceso.
