Los asesinatos registrados en el sur de Córdoba y las amenazas contra defensores de Derechos Humanos en el municipio de Tierralta fueron analizados hoy en la Cámara de Comercio de Montería por Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.
El alto funcionario atribuyó al narcotráfico los recientes asesinatos de líderes sociales y campesinos en los municipios de San José de Uré y Montelíbano que han alterado el orden público en esta región.
“Por supuesto el gran combustible de la violencia en Córdoba y en todas partes donde se presentan estos crímenes de líderes sociales como lo está demostrando la Fiscalía es el narcotráfico” explicó.
Al mismo tiempo el Alto Comisionado les hizo un llamado a los grupos ilegales que hacen presencia en Córdoba, Caparrapos, Clan del Golfo, ELN y disidentes de las Farc para respeten a las comunidades y la implementación de los acuerdos de paz .
Explicó que el objetivo es construir espacios de convivencia con los empresarios y con el consejo departamental de paz para trabajar en la cultura de la legalidad.
Entretanto, la Gobernadora de Córdoba , Sandra Devia Ruiz , confirmó una recompensa de diez millones de pesos por las personas que asesinaron al campesino, Manuel Osuna Tapia de 67 años, a quien luego le quemaron su casa en hechos ocurridos en la vereda El Cerro,corregimiento Versalles, municipio de San José de Uré.
Andrés Chica, defensor de Derechos Humanos en Alto Sinú, advirtió a las autoridades que las bandas criminales podrían tener injerencia en las próximas elecciones regionales en el departamento de Córdoba.
Estuvieron presentes en esta reunión los empresarios de Montería, el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez y altos oficiales de la Policía Nacional.
