Un aumento en las cifras de homicidios en Córdoba en lo corrido de este año tiene escandalizadas a las autoridades en ese departamento.
De acuerdo con datos de la Policía Nacional hasta el pasado 8 de agosto se habían registrado 168 homicidios en todo el departamento, 22 hechos más en comparación con el mismo período del año anterior.
Las causas de los asesinatos, en su mayoría obedecen a ajustes de cuentas y guerra entre bandas criminales que se disputan poderío por el control del negocio del narcotráfico, de acuerdo con lo que explicó el comandante operativo de la Policía en Córdoba coronel Juan Pablo Corvacho. Dijo que tan solo en los primeros días de agosto han sido reportados 7 homicidios.
Los sectores donde más se presentan estas muertes en los municipios del sur de Córdoba como Puerto Libertador, San José de Uré, Montelíbano, Ayapel, La Apartada, Tierralta y Valencia; además de la zona costanera como Puerto Escondido, Los Córdobas y Canalete.
Tras revelar las cifras de muertes violentas, el oficial dijo que, en conjunto, las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana desarrollan una estrategia que permita enfrentar y reducir las cifras antes mencionadas y recuperar la percepción de seguridad entre los ciudadanos.
Líderes, principales víctimas
Quienes más sufren el flagelo de la violencia son los líderes sociales como presidentes de juntas de acción comunal, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y representantes de organizaciones comunitarias.
Son perseguidos por las organizaciones ilegales como Caparrapos, Clan del Golfo, disidencias de las Farc y ELN.
Precisamente, el año pasado la tasa de homicidios de líderes sociales más alta de la Región Caribe la puso Córdoba con 7 asesinatos ocurridos, según un informe del Centro de Estudios Políticos y Socioculturales del Caribe (Cepsca) e Indepaz.
Cinco de los siete crímenes reportados ese año ocurrieron en la subregión del San Jorge al sur del departamento, donde bandas armadas ilegales libran una guerra sin cuartel por apropiarse del poderío y control del negocio de cultivo y procesamiento de coca.
Esta confrontación ha originado las amenazas en contra de los líderes y voceros de las comunidades y en siete de estos casos terminaron con la muerte de las víctimas. De igual forma, ha producido el desplazamiento de cientos de personas a cabeceras municipales.
La situación no ha cambiado en lo corrido de este año, y los representantes de las comunidades siguen siendo víctimas de agresiones, atentados y hasta crímenes.
El hecho que despertó la solidaridad de la sociedad colombiana y la comunidad internacional fue la muerte de María del Pilar Hurtado, una mujer que fue atacada a tiros el pasado 21 de marzo en una calle del municipio de Tierralta.
Sin misericordia, los asesinos de la mujer le dispararon en presencia de su hijo, un menor de 9 años quien se mostró impotente para impedir la muerte de su madre.
Gudilfredo Avendaño Méndez
Especial para EL TIEMPO
Montería
