Un operativo de la Seccional de la Unidad de Estructura de Apoyo, EDA, de la Fiscalía, permitió desmantelar una red, entre autores y cómplices, señalada de desviar de manera ilegal los recursos del Centro de Atención Médica de Urgencia, Camu San Rafael, en el municipio de Sahagún, zona de Sabanas de Córdoba.
El procedimiento fue dado a conocer este miércoles 28 de junio, tras la judicialización de nueve personas que se habrían apropiado, mediante transferencias virtuales ilegales, de un total de $515 millones de pesos.
Los detenidos fueron identificados como Manuel Antonio Rojas Miranda, Luis Miguel Pérez Barreto, Dante David Collante Saavedra, Carmen Julia Tipón Hurtado, Noris del Carmen Rocha Cabarcas, Armando Alfonso Aya Millán, Luis David Hernández Acosta, Diana Carolina Ayús Cervantes y José Gregorio Mercado Ochoa.
Los detenidos tendrán que responder por el delito de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con transferencia no consentida de activos, en calidad de autores y cómplices, cada uno según su participación en el hecho ilícito.
En el informe presentado por parte de la Fiscalía, se indicó que “estas personas habrían instalado en el computador de la Tesorera, un programa para conectarse vía remota y así acceder a una cuenta corriente del Camu. De esta manera violentaron el sistema de seguridad y realizaron ocho transferencias virtuales a otras cuentas bancarias de personas que no tenían ningún vínculo con ese centro de salud”.
El hurto digital era investigado desde el mes de mayo del año anterior, cuando se conocieron las primeras denuncias, sobre los giros ilegales de dinero a cuentas bancarias de personas particulares.
“Las transferencias financieras ilegales tuvieron un valor de $515 millones. La Gerente encargada, y representante del lugar, fue quien instauró la correspondiente denuncia ante las autoridades por estos hechos ocurridos el 16 de mayo de 2022. Tras las audiencias concentradas un juez promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Sahagún, cobijó con detención preventiva en establecimiento de reclusión a Carmen Julia Tipón Hurtado, mientras que a Diana Carolina Ayús Cervantes y Noris del Carmen Rocha Cabarcas les impusieron medida de detención preventiva domiciliaria. Los demás imputados fueron cobijados con medidas de aseguramiento no privativas de la libertad”, concluyó.
El operativo judicial fue liderado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, con el acompañamiento de la Policía Nacional y el Gaula Militar en vías públicas de Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Medellín y Gamarra, en el Cesar.
