Desde el pasado 18 de julio, día en que la Fiscalía hizo efectiva varias órdenes de captura en relación en un caso de corrupción que tocó el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), el paradero del intermediario Jorge Iván Henao Ordóñez es incierto.
Sobre este hombre de 39 años pesa una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos, expida por el juzgado primero penal mixto de Floridablanca (Santander).
Desde entonces, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía lo ha buscado en su residencia, ubicada en el barrio Unicentro, norte de la capital del país. Investigadores adscritos a la investigación le dijeron a este diario que los operativos para lograr su captura se trasladaron a Montería y Sahagún, en Córdoba, pero allí tampoco han podido dar con su paradero.
Estos mismos peritos confirmaron con Migración Colombia que Henao Ordóñez no ha abandonado el territorio nacional, por lo que intensifican los operativos para ubicarlo lo más pronto posible.
Este ingeniero civil, con especialización en gerencia, es para la Fiscalía una de las fichas claves en este entramado de repartijas que se produjeron en desarrollo de proyectos de vivienda de interés prioritario en su fase dos. Proyectos que se desarrollan en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.
Las investigaciones arrojan que Henao Ordóñez fue asesor de contratación de gerencia del Fonade y una de las personas que, junto a los funcionarios Jorge Eliécer Córdoba Quintero y Antonio María Sánchez Lozano, entregaron información privilegiada sobre cuáles fueron las fallas en los documentos radicados ante el Fonade. Todo esto, según la Fiscalía, para que el Consorcio Interviviendas se quedara con la interventoría.
Los investigadores también manifestaron que Henao Ordóñez es el enlace en Fonade de uno de los excongresistas que han sido mencionados en esta investigación.
Mientras tanto, en los juzgados de Paloquemao continúa la imputación de cargos contra las otras siete personas vinculadas a la investigación. Luego de preguntarles si aceptan o no cargos, la juez escuchará atentamente los argumentos del ente investigador para solicitar las respectivas medidas de aseguramiento.
Tomado de El Espectador
