Por presuntas irregularidades en el pago de medicamentos suministrados en enero de 2015 a supuestos pacientes con hemofilia en Córdoba, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al destituido gobernador de ese departamento, Edwin Besaile Fayad.
El órgano de control también formuló cargos a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán, de Hacienda, Boris Felipe Zapata Romero, y a la exdirectora Financiera con Funciones de Presupuesto, María Eugenia Ferreira Chaar, actual Secretaria de Hacienda de Córdoba.La Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta de los investigados como gravísima a título de culpa.
La @PGN_COL formuló pliego de cargos a gobernador de Córdoba por 'cartel de la hemofilia' https://t.co/wDKzzGuO5v pic.twitter.com/vffzADTJut
— Procuraduría Colombia (@PGN_COL) October 8, 2018
El Ministerio Público reprochó a Besaile Fayad, hermano del exsenador Musa Besaile, preso por presuntos actos de corrupción, la presunta omisión en la vigilancia y control jerárquico de las funciones de su secretario de Desarrollo de la Salud.
El Ministerio Público encontró que pese a las observaciones realizadas por la Contraloría, el 4 de mayo de 2016, donde se evidenciaban deficiencias en la verificación de la prestación real del servicio de salud, el departamento, al parecer, «posteriormente permitió el pago de más de 1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de La Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 pacientes que supuestamente padecían las enfermedades, al parecer, incrementando injustificadamente el patrimonio de la IPS».
Sobre el exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán, la Procuraduría cuestiona por qué habría presuntamente ordenado el pago sin realizar los controles efectivos, pese a conocer el documento de la Contraloría que evidenciaba inconsistencias en los procedimientos. Estos documentos y controles, dice el ente de control, no permitían tener certeza de la prestación del servicio en cuanto a los medicamentos suministrados, los pacientes atendidos y los exámenes realizados.
Por su parte, para el Ministerio Público, Ferreira Chaar y Zapata Romero presuntamente desconocieron sus deberes funcionales al expedir el registro presupuestal de compromisos y ordenar el pago a favor de la IPS, por un servicio prestado sin que la supuesta obligación estuviera registrada en cuentas por pagar, ni tuviera un rubro destinado para una vigencia expirada.
EL TIEMPO
