En diciembre del 2020, cuando se adjudicaba una de las licitaciones con las que se pretendía llevar Internet a los colegios públicos del país, en el ambiente había quienes decían que algo no estaba bien en el proceso.
Pues el tema estalló al punto que un juez de Zipaquirá falló una acción de tutela que le ordenó al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) suspender uno de los procesos que adelanta, tras el escándalo por las garantías presuntamente falsas en un contrato que adjudicó, en diciembre del año pasado, por $1,07 billones.
Al parecer, el consorcio registrado con el nombre Unión Temporal Centros Poblados, presentó una garantía que no había sido expedida por el Banco Itaú, situación que fue advertida por la ministra Karen Abudinen el pasado 25 de junio.
El juez falla en el proceso en el que están vinculados los interventores de ese contrato y su acción les permitiría recolectar información y aclarar varios datos cuestionados.
De otra parte, el banco, al momento de enterarse de la situación en la que se le involucraba, le notificó al MinTIC que no había expedido ningún documento de garantía y además precisó que dará noticia de esta situación a las autoridades penales.
Así las cosas, el pasado 29 de julio, la ministra de las TICs, Karen Abudinen, declaró la caducidad del contrato 1043 de 2020, de la Unión Temporal Centros Poblados, que tenía como meta llevar Internet gratis a las instituciones públicas a nivel nacional.
La Unión Temporal Centros Poblados recibió en la licitación un contrato por $1,07 billones para cubrir la denominada región B del país, que conforman los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.
Vale recordar que desde la asignación del contrato en diciembre del 2020, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha reportado más de 30 reuniones con el objetivo de mantener un control obre la ejecución de los recursos públicos y el avance hacia la meta de conectar el 70 por ciento del país antes de agosto de 2022.
El escándalo ha tomado fuerza nuevamente debido a que se ha conocido que en el proceso se realizó un anticipo de $70.000 millones, recursos que hay quienes afirman van a ser muy difíciles de recuperar.
