Con cerca de 6 millones de votos, Rodolfo Hernández garantizó su paso a segunda vuelta pese a que ya fue acusado por interés indebido en celebración de contratos en un negociado en el que su hijo se ganaría una millonaria comisión. Estos son los detalles del proceso.
“Acabar con la robadera”, con esa frase el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, exalcalde de Bucaramanga, se convirtió en el fenómeno electoral de la contienda presidencial.
Hernández Suárez logró calar su discurso político con una propuesta simple y concreta: convertirse en el gladiador contra la corrupción.
Ese problema no es de poca monta, ya que luego de la firma del proceso de paz con las Farc, la corrupción se convirtió en uno de los flagelos que más preocupa a los colombianos, según diferentes encuestas.
Rodolfo Hernández supo canalizar esa indignación nacional frente a un problema que en Colombia es transversal, ya que afecta todas las esferas públicas, desde salud, educación, justicia y desde luego las obras de infraestructura.
Frases tan simples como “dejen la robadera” y “fuete a los bandidos” y ésta de “obras sí, pero sin contratos amañados”, calaron en el imaginario colectivo de los colombianos.
Obras sí, pero sin contratos amañados 🏗👷🏼🚧#RodolfoHernandez #RodolfoPresidente #LigaAnticorrupcion #elecciones2022 pic.twitter.com/mKgkIA0mVO
— Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) May 17, 2022
Lo irónico, es que justamente al ingeniero Rodolfo Hernández lo investigan todas las autoridades por presunta corrupción. Desde la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía, le abrieron un expediente por una historia de posible amaño contractual.
La investigación que más avanzó fue la de la Fiscalía, cuyo proceso no solo motivó la imputación contra el candidato presidencial, sino que fue acusado y ya tiene fecha para el inicio del juicio, que afortunadamente para él, se le programó para finales de junio, después de la segunda vuelta presidencial.
El exalcalde de Bucaramanga, acusado del delito de interés indebido en la celebración de contratos, en el caso conocido como «Vitalogic».
Este es un país raro el candidato de la liga contra la corrupción tiene un pie en la cárcel y es tendencias en las últimas encuesta. pic.twitter.com/1IlRP9Dnj2— 𝓟𝓸𝓻𝓯𝓲𝓻𝓲𝓸.𝓓í𝓪𝔃.𝓗𝓮𝓻𝓻𝓮𝓻𝓪. (@phdporfi2020) May 20, 2022
La comisión del hijo de Rodolfo Hernández
El escándalo contractual que persigue al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez se remonta a 2016 cuando era alcalde de Bucaramanga (Santander).
Para la época la ciudad y su área metropolitana se hallaban ad portas de una emergencia sanitaria por cuenta del vencimiento de la vida útil del relleno sanitario conocido como El Carrasco.
En medio de esa necesidad, Rodolfo Hernández le propuso al gerente de la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB), contratar una consultoría para que les diga cómo escoger a un nuevo operador de ese relleno, pero aplicando nuevas tecnologías.
“(…) realizar la elaboración y evaluación técnico ambiental, financiera y jurídica para la implementación de nuevas tecnologías en el sitio de disposición final de residuos sólidos, conocido como el Carrasco, por un monto de 336 millones de pesos”, dice el objeto del contrato.
Dicho en palabras más simples, le pidió al gerente de la EMAB contratar a un particular que les montara todo el proceso para entregar el manejo de las basuras a un operador privado, mediante una licitación pública.
Cálculos no oficiales de la época, señalaron que ese nuevo operador tendría en sus manos una concesión a 30 años que movería en total 250 millones de dólares.
Sin embargo y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, desde la misma consultoría hasta la licitación del operador de las basuras, todo estaría direccionado a un solo contratista: Jorge Hernán Alarcón Ayala, relacionado con la famosa sociedad conocida como Vitalogic.
Dentro de las pesquisas judiciales se supo además que, el mismo contratista de la Consultoría, haría parte de la unión temporal que se ganaría la licitación para operar el relleno sanitario. Es decir, él elaboraría los pliegos y recomendaciones de una licitación en la que participaría.
Para rematar, entre las pruebas recaudadas por el ente investigador, la Procuraduría y la Contraloría, aparece un contrato de corretaje (intermediario de un negocio) entre uno de los contratistas de la Unión Temporal que operaría el relleno sanitario y Luis Carlos Hernández Oliveros, hijo del entonces alcalde Rodolfo Hernández.
“Se evidenció que Hernández Oliveros junto con Luis Andelfo Trujillo y Carlos Gutiérrez suscribieron un documento de corretaje que les permitía cobrar una comisión si la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB S.A. E.S.P.) celebraba un negocio jurídico con quienes promovían la tecnología”, aseguró en 2019 la Procuraduría en el pliego de cargos que le formuló al exalcalde y hoy candidato presidencial.
Entre el material probatorio que poseen tanto el ente judicial como el disciplinario y el fiscal, aparecen mensajes de chat del propio hijo de Rodolfo Hernández, revelando detalles del proceso con quienes habría firmado el contrato de corretaje. Denuncias de la época aseguran que la comisión esperada por ese negocio sería de cien millones de dólares.
“Entre las pruebas que sustentan el cargo están el acuerdo de voluntades de corretaje, las impresiones de las conversaciones de Whatsapp de las personas que lo suscribieron y en las cuales Hernández Oliveros refiere que comentaba con su padre aspectos de la licitación que luego eran informados a los participantes y sobre las reuniones del alcalde sostenidas con los representantes de WastAway en Colombia, José Manuel Hormaza, Florin Volcinschi y Héctor Hernando Baquero, en particular los días 22 de abril y 24 de julio de 2016”, explicó la Procuraduría.
Cabe aclarar que de los dos contratos en cuestión (Consultoría y Licitación) solo se firmó y ejecutó el primero, osea el de Consultoría por 336 millones de pesos, porque la licitación se declaró desierta cuando estalló el escándalo en 2017. Lo triste de todo ese escándalo, es que Bucaramanga y los municipios de su área metropolitana, siguen sin una solución de fondo al problema de las basuras.
La otra perla que se descubrió de ese escándalo lo hizo la Contraloría mediante una auditoría express que le realizó a todo ese proceso del relleno sanitario y el nuevo operador. El ente de control fiscal descubrió que los funcionarios de la EMAB habrían mentido, lo que motivó el reporte de nueve reportes con alcances administrativos, disciplinarios y penales.
Uno de los hallazgos más llamativos y con alcance penal y sanciones, tiene que ver con la invitación pública que hicieron en 2016 para contratar la famosa Consultoría por 336 millones de pesos.
Resulta que a esa invitación pública se presentaron tres ofertas, pero en realidad solo una de ellas sería verídica (Vitalogic), porque los dos restantes oferentes, al parecer no tenían idea del proceso.
Sumado a lo anterior, en esa auditoría fiscal de la Contraloría reposan pruebas de la manera como el entonces alcalde Rodolfo Hernández, intervenía en la junta directiva de la EMAB, para abogar y respaldar por la contratación de esa Consultoría con Vitalogic.
Así quedó registrada en acta de junta directiva de la EMAB, celebrada el 10 de agosto de 2016, en la que el alcalde Hernández Suárez puso en conocimiento lo siguiente:
“(…) ya la EMAB S.A. E.S.P., realizó el contrato de Consultoría No. 096 del 2016 con el señor el Ingeniero Jorge Hernán Alarcón Ayala el cual tiene una vasta experiencia del ramo y nos va ayudar a buscar la solución de la Disposición Final de Residuos Sólidos en la ciudad de Bucaramanga, este contrato de consultoría tiene todo mí respaldo ya que resolver este problema es una de las principales obligaciones que tiene mi gobierno frente a la ciudad de Bucaramanga”.
Frente a esos cuestionamientos, señalamientos e investigaciones, el ingeniero Rodolfo Hernández ha repetido siempre que todo se trata de una persecución política.
“Esto es una clara persecución política a una persona que aspira a la Presidencia de la República, que ha luchado con toda su alma para derrotar la corrupción y hoy esa corrupción me llama a juicio por delitos que nunca se cometieron”, aseguró a medios regionales en Santander.
Lo que olvida mencionar el exalcalde y hoy candidato presidencial, es que por esos mismos hechos la Fiscalía ya imputó a otras cinco personas por falsedad en documento privado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
Entre los imputados aparecen el exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera; el jefe de disposición final de esa misma entidad, Rubén Enrique Amaya; su exdirector jurídico, César Fontecha; el exsubgerente técnico y operativo, Abelardo Durán Leiva y al contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala, de Vitalogic.
Como quien dice, el abanderado de la lucha contra la corrupción en Colombia y uno de los opcionados para ser elegido presidente del país, podría ser condenado por corrupción. Toda una paradoja.
