El conflicto que duró medio siglo y que terminó con las vida de más de 220.00 personas tuvo fin gracias al acuerdo de paz firmado en el año 2016, por el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Por ello, el exmandatario recibió el premio Nobel de Paz por negociar con la exguerrilla de inspiración marxista. Sin embargo, previo a la firma de este acuerdo, cientos de personas de oponían, pues su principal reproche era el de impunidad hacia los rebeldes.
En el momento, luego de casi tres años, el gobierno actual es comandado por partidos de oposición que en su momento que opusieron a la firma de dicho acuerdo, y la paz, por ahora, parece encontrarse en un momento de debilidad, lo que indudablemente sería un desastre para el país.
Hay que recordar que los excombatientes dejaron de lado las armas y han vuelto a la vida civil, pero en la actualidad, el gobierno ha ignorado muchas promesas de ayuda y desarrollo rural cruciales en el acuerdo; educación universal desde preescolar hasta la secundaria, acceso a agua potable y desarrollo de electricidad, vías de comunicación, puentes y empleos.
Por ahora, casi 3000 exguerrilleros se han rearmado, y los ataques nuevamente han aparecido, lo que causa preocupación ante la nueva posibilidad de que vuelvan a aparecer los crímenes y las muertes en contra de civiles inocentes. De igual forma se han reportado que grupos paramilitares han matado al menos a quinientos activistas y líderes comunitarios desde que se logró el acuerdo de paz. Más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde 2016 debido a la lucha renovada.
Los encargados de arruinar gran parte del proceso de paz y del progreso pacífico de este pacto ha sido el gobierno del actual presidente Duque, recortando fondos para dicho pacto y el año pasado la tierra usada para el cultivo de coca alcanzó un nuevo récord, mientras que paramilitares y grupos criminales, también atraídos por las ganancias de la cocaína, tomaron el control en regiones que fueron dominadas por las Farc.
Un elemento importante del acuerdo involucraba crear un proceso de reconciliación en donde los rebeldes y los soldados del gobierno —acogidos por una amplia inmunidad— testificaran ante tribunales sobre los horrores de la larga guerra. Se repartirían las culpas sin la posibilidad de condenas de cárcel excepto para ciertos delitos específicos. Duque ahora está presionando para reformar ese sistema transicional de tribunales de tal modo que los antiguos rebeldes enfrenten castigos más duros.
Solo eso podría poner fin al acuerdo. Además, en un acto que aumentó las tensiones para la implementación, dos exlíderes de las Farc, entre ellos el negociador principal de la paz, Iván Márquez, se rehusaron a acudir ante el tribuna especial en abril. El lunes 20 de mayo, aseguró Márquez en medio de sus redes sociales, que fue un grave error haber dejado las armas.
“Hace veinte años, Colombia estaba a punto de convertirse en un Estado fallido, pero Estados Unidos ha sido un actor relevante en ayudar a prevenir eso”, dijo a The New York Times Bernard Aronson, el enviado estadounidense que participó en el proceso de paz. “Si nos retiramos ahora, especialmente con Venezuela haciendo implosión, sería como dispararnos en la cabeza”, The New York Time.
