Tan solo unos días después de que la Procuraduría General de la Nación pidiera al Consejo de Estado la pérdida de investidura del exsenador del Partido de La U, Musa Abraham Besaile, investigado por ‘parapolítica’, la sección tercera de ese alto tribunal no sólo decretó la muerte política del detenido parlamentario, sino que ordenó compulsar copias de la declaración que en este proceso rindió Roberto Prieto, extesorero de la campaña de Santos presidente.
El Ministerio Público había pedido la justicia contenciosa que admita su solicitud de despojar de la investidura a Musa Abraham Besaile Fayad por indebida utilización de recursos públicos con destino, al parecer, al pago de coimas multimillonarias para “comprar la justicia y manipular decisiones judiciales” frente a decisiones judiciales que le adelanta la Corte Suprema de Justicia.
En la audiencia de hace una semana, que se realizó en la Sala Especial de Primera Instancia, el agente de la Procuraduría, Nicolás Yepes, fue claro en que dineros públicos que hacían parte del presupuesto del departamento de Córdoba, provenientes de los contratos para atender a pacientes con hemofilia, “fueron utilizados en actos de corrupción en los cuales participó el entonces gobernador de Córdoba, José Alejandro Lyons Muskus junto con Besaile Fayad”.
Dice el Ministerio Público que “a través de esta actuación cuantiosos recursos provenientes del erario fueron entregados al abogado de confianza del senador, Luis Ignacio Lyons España, con el propósito de sobornar a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia para evitar la efectividad de una orden de captura en contra del senador”.
Yepes agregó en su intervención que “su objetivo –el de Musa Besaile- no fue otro que atentar contra la majestad de la justicia, conducta que resulta reprochable y seriamente cuestionada, en tanto resulta abiertamente contraria a los principios constitucionales y legales que deben primar en una sociedad justa en donde la garantía por el respeto a la administración de justicia debe ser el pilar principal en los procesos que se adelantan por hechos delictivos”.
El magistrado Guillermo Sánchez Luque fue el ponente en este proceso en el Consejo de Estado que finalmente avaló la muerte política de Musa Besaile.
