La mujer que contó su insólita historia, identificada como Isa Abril, dijo que ha pedido ayuda a la Policía, Migración y Fuerza Aérea, pero que nadie la ayuda.
Por medio de su cuenta de Facebook, la mujer relató el calvario que ha vivido por cuenta de “inmigrantes venezolanos” que, según ella, “invadieron” la casa que les había arrendado hace casi dos años.
Ella contó que la vivienda, ubicada en Madrid, Cundinamarca, es propiedad de ella y de su exesposo.
Añadió que en mayo de 2019 arrendó el primer piso de la vivienda a “una pareja de venezolanos” con quienes afirma no haber tenido ningún problema hasta que empezó la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Agregó que en abril de 2020 pasó por la vivienda y se dio cuenta de que la pareja ya no vivía ahí y que había cedido el inmueble para que llegaran más “personas venezolanas” que habitaban de manera irregular en su propiedad.
Al ver que la vivienda estaba habitada por desconocidos, Abril les pidió a los nuevos habitantes que se fueran. Sin embargo, estos no habrían aceptado e incluso la habrían insultado, según narró ella.
En ese momento fue cuando empezó el recorrido de una institución a otra para denunciar lo ocurrido. Ella dice que habló con la Policía, la Personería, Migración Colombia, la Sijín y hasta la Fuerza Aérea, pero que hasta el momento “no ha tenido solución al problema”.
Pero la cosa no va solo por el lado de la ocupación ilegal, sino por las quejas de los vecinos de la vivienda, quienes también claman para que desalojen a los residentes.
“Se acercaron a mí varios vecinos informándome que eran constantes los desórdenes, escándalos, riñas, consumo de licores, consumo de drogas, agresiones a los vecinos y a las demás casas de la misma calle”, añadió, acerca del comportamiento de los habitantes de su casa.
Por si fuera poco, Abril señaló que las personas que tomaron su casa han hecho modificaciones internas y hasta ofrecen el servicio de paga diario, para que más personas vayan y se queden a vivir allí.
Finalmente, ella clamó para que la ayuden, ya que por culpa de la crisis económica y los grandes costos de servicios públicos de la casa invadida, no puede seguir pagando la vivienda en la que reside actualmente con sus dos hijas pequeñas.
“Confié en que siendo ciudadana colombiana, las leyes y autoridades me ayudarían y apoyarían al ver que mis derechos y bienestar han sido golpeados por personas que seguramente se encuentran en el país de forma irregular […] en lugar de eso he recibido sólo negativas y menosprecios”, concluyó la angustiada mujer.
