Este viernes, 6 de diciembre, se conoció el caso de siete policías de Cúcuta, Norte de Santander, que fueron judicializados por La Fiscalía General de la Nación porque estarían involucrados en irregularidades durante procedimientos adelantados a ciudadanos, a quienes les exigían pagos por supuestamente no iniciar procesos legales en su contra.
Los uniformados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho propio, tortura agravada, lesiones personales agravada y falsedad personal.
Siete policías participarían en cobros extorsivos en Cúcuta
“Se trata de los subintendentes Audrey Fernando Botía Reyes y José Antonio Suárez Cote, además de los patrulleros Cristian Yair Orejuela Moreno, Carlos Enrique Munive Cudris, Luis Daniel Vergara Román, Lizeth Katerine Boada Roa y Olinto Machado García”, indicó la Fiscalía.
Los policías no aceptaron los cargos imputados por una fiscal de la Seccional Norte de Santander según la responsabilidad de cada uno.
“Los hechos investigados se presentaron entre enero de 2023 y junio del presente año, cuando los procesados se encontraban adscritos a los CAI de Las Mercedes y Nacional de Cúcuta. Uno de los hechos en los que habrían participado, fue la captura irregular de un ciudadano a quien ataron de manos y lo trasladaron a pie por más de cinco cuadras a una estación de policía de esta ciudad”, indicó el ente acusador.
Además, le habrían exigido 1.500.000 pesos a una persona para no inmovilizar el vehículo en el que se transportaba, porque era requerido por una autoridad judicial. La investigación reveló que la víctima fue despojada de las llaves del automotor, que le devolvieron luego de que consignara un parte del dinero y el resto se lo debieron entregar a una patrullera.
“La investigación permitió determinar, que también estarían involucrados en la solicitud irregular de dineros a personas que no presentaban documentos de propiedad de vehículos o tenían licencias vencidas y a extranjeros indocumentados”, agregó la fiscalía.
Los procesados fueron capturados en Norte de Santander, Vichada, Huila y Bolívar y un juez de control de garantías los envió a todos a centros carcelarios.
