Un procurador delegado para la moralidad pública abrió indagación preliminar en contra de funcionarios del Ministerio de Educación.
En la mira del Ministerio Público se encuentra la contratación de más de 754 personas para desempeñar diversas funciones en el Ministerio de Educación, por lo que el procurador delegado para la moralidad pública decidió abrir una indagación preliminar contra funcionarios de esa cartera que promovieron estos contratos.
En la decisión que tiene como base una denuncia anónima que llegó a la Contraloría se resalta que «la ministra y su secretario general decidieron aumentar a 754 contratos su planta de contratistas con unos valores considerables, entre 2014 y 2016 se presentó un incremento inusual que para los asesores llegó al 55,1% en solo dos años, con el agravante que reducen la experiencia para todos los profesionales que apoyan y asesoran a la alta dirección del Ministerio de Educación Nacional, debido a que el personal que trajeron no contaba con la suficiente trayectoria profesional».
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Agrega el documento que «no se entiende por qué, en menos de 3 años, la planta de personal contratada se incrementó no solo en número de personas sino también en salarios.
Dice el documento: «para los profesionales recién graduados que no cuentan con más de 25 meses de experiencia y para poder justificar su contrato de ingresos superiores a los 6.800.000, el secretario general creó el contrato por productos que ya no requiere de la experiencia no postgrados establecidos en la Resolución 0126 de 2016, donde en teoría deben entregar trabajos específicos, pero realmente solo se elabora un informe mensual de actividades sin producto tangible, o el producto lo elabora el personal de planta y los profesionales de contratación consolidan y presentan como producto propio, demostrándose nuevamente detrimento patrimonial».
Bajo esta denuncia, el Ministerio ordena la práctica de pruebas para determinar: la posible existencia de una nómina paralela entre 2014 a 2016; los contratistas del ministerio no cumplían con los principios de idoneidad y experiencia; irregularidades en la ejecución de los contratos; y posibles excesos en los gastos de viáticos de los contratistas.
Aunque el Ministerio Público no especifica el nombre de los funcionarios llamados a responder no se descarta que la exministra de Educación Gina Parody debe rendir explicaciones sobre estos hechos.
Cortesía: Blu Radio
