Este medio conoció que la Contraloría de Córdoba habría detectado un presunto detrimento patrimonial cercano a los $2.000 mil millones en 12 de los 30 municipios del departamento.
Así mismo, se habrían realizado 98 observaciones administrativas, 82 con con incidencia disciplinaria, 8 con posible incidencia penal y 31 con incidencia fiscal
Estos serían los primeros resultados de las auditorías especiales lideradas por el grupo élite para urgencias manifiestas de la Contraloría de Córdoba, el cual fue creado para vigilar la contratación por COVID-19 en esta sección del país.
Los municipios donde se habrían detectado las situaciones antes expuestas son: Cereté, Lorica, San Antero, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Buenavista, Chinú, Cotorra, San Andrés de Sotavento, Sahagún y Tierralta.
Cabe indicar que las auditorías se adelantaron en estos municipios tras las reiteradas quejas de presuntas irregularidades en contratación.
Según lo informado a La W, los alcaldes serían notificados desde este 8 de junio, para que, posteriormente, puedan ejercer su derecho a la defensa y contradicción, para el cual se otorga un término de 5 días hábiles.
De no lograr ser controvertidas las observaciones, estas podrían constituirse en hallazgos que deberán ser trasladados de acuerdo con la competencia a la Fiscalía y la Procuraduría.
Actualmente, en Córdoba, los alcaldes de Tierralta, Daniel Montero y Cereté, Luis Antonio Rhenals, están suspendidos por presuntas irregularidades en contratación. La decisión la adoptó la Procuraduría Regional de Córdoba.
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