Los líos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons y de su sucesor, el suspendido Edwin Besaile, no paran. La Procuraduría les abrió pliego de cargos por un nuevo escándalo de corrupción: el de los pagos irregulares por terapias neurológicas a niños de ese departamento. El hecho se une al ‘cartel de la hemofilia’ y a la recepción de coimas en otros contratos.
La Procuraduría rastreó pagos por más de 5.000 millones de pesos por terapias de neurodesarrollo y neurorehabilitación con una IPS con la cual la Secretaría de Salud de la Gobernación ni siquiera tenía contratos firmados. Algunos tratamientos logrados mediante tutela fueron realizados en la Fundación Funtierra Rehabilitación, que funciona en una casa de Montería.
La representante de esa IPS, Tania Otero, pasó cuentas de cobro durante la administración de Lyons y de Besaile, e incluso amenazó con entablar demandas por el no pago de un servicio para el cual no había sido contratada.
Los secretarios de Salud de Lyons y de Besaile le desembolsaron dinero que incluía el pago de meriendas para los pacientes y una cuota adicional relacionada con la recuperación.
Según Otero, los servicios se prestaron y los pacientes no son niños fantasmas, pero el Ministerio Público es claro en que los funcionarios no podían reconocer un servicio sin tener por lo menos un contrato.
“Con la prueba se demuestra que la Gobernación de Córdoba y Funtierra IPS trataron de fijar las condiciones de la prestación de servicios de salud consistentes en terapias de neurorrehabilitación con posterioridad a que la institución del sector salud presentó ante la entidad territorial las facturas de cobro de los servicios que aparentemente prestó”, dice el pliego de cargos.
Lyons y su secretario de Salud guardaron silencio en la investigación, y para Besaile las cuentas presentadas por la IPS, en el 2014, están caducadas y se intentó una conciliación, pues la empresa quería demandar a la entidad. Además, no era de su resorte ordenar esos pagos.
EL TIEMPO