Con la firma de dos letras de cambio que sumaban 4.100 millones de pesos se cerró el acuerdo ilegal con el que el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons se comprometió a apoyar económicamente la campaña de quien terminó siendo su sucesor, Edwin José Besaile, a cambio de la continuidad en el pago de coimas provenientes de las regalías y el desangre del sistema de salud por los tratamientos a pacientes hemofílicos que no existían.
Estos “beneficios económicos ilegales” fueron pactados directamente por Lyons con el exsenador Musa Besaile, hermano de Edwin Besaile hoy detenido por haber pagado en la Corte Suprema por torcer un proceso de parapolítica. La plata que terminó manejada por los corruptos salió del Sistema General de Participaciones y la modalidad fue la utilización de los recobros de presuntos servicios no POS a pacientes que no tenían como pagar los tratamientos.
Esos detalles forman parte de la acusación presentada por la Fiscalía en la Corte Suprema contra el suspendido gobernador Edwin Besaile, a quien le imputaron los delitos de peculado y concierto para delinquir. Lyons, quien fue gobernador entre el 2011 y el 2015, hoy es testigo protegido del gobierno de Estados Unidos y está libre mientras termina su colaboración con las autoridades norteamericanas para lograr la condena del polémico exfiscal Luis Gustavo Moreno. Después tendrá que regresar a Colombia para cumplir 5 años de prisión.
La Fiscalía dice que “en el segundo semestre de 2015 Alejandro Lyons, y Musa y Edwin Besaile se reunieron y concretaron los compromisos de este último a cambio del ya decidido y aceptado apoyo a la candidatura”. Lyons le entregó a Edwin Besaile al menos 2.000 mil millones de pesos en efectivo. Y en todo caso, para garantizar el pago del resto, le firmó dos letras de cambio por 2.200 y 1.900 millones de pesos.
En cumplimiento del pacto, ya después de elegido, en mayo de 2016 Edwin Besaile autorizó el pago de 1.500 millones de pesos al Instituto Prestador de Salud San José de la Sabana por la supuesta atención médica a 14 pacientes de hemofilia. “Para el momento en que se efectuó el pago de la referida cuenta, eran conocidas al interior de la Gobernación las irregularidades presentadas en la cancelación de acreencias a la IPS por servicios médicos prestados a falsos pacientes hemofílicos”, dice la Fiscalía.
Tanto así que desde el 29 de enero de 2016 la Contraloría le envió varias comunicaciones a Edwin Besaile informándole sobre la auditoría a los Recursos del Sistema General de Participaciones –SGP– vigencia 2015 y solicitando información sobre los pagos hechos a los Institutos Prestadores de Salud.
Y el 4 de mayo de 2016 llegó al despacho del entonces gobernador de Córdoba un documento del órgano de control fiscal que hablaba de irregularidades en el pago de al menos 3.000 millones de pesos a la Ips Unidos por su Bienestar por los servicios supuestamente prestados a 28 presuntas personas hemofílicas. El ente acusador pudo determinar que los “pagos se realizaron sin que existiera certeza de la prestación efectiva del servicio; los diagnósticos de los pacientes no estaban realizados por el profesional que figura en las historias clínicas; el laboratorio que presuntamente habría efectuado los exámenes clínicos no prestó el servicio y los presuntos pacientes manifestaron no haber recibido tratamiento ni padecer hemofilia».